Las reglas de juego del sistema político compuesto.


Las reglas del juego

 

En toda circunstancia en la que se da una relación entre personas, ésta se debe regir por una serie de normas que faciliten el correcto desarrollo de la relación.

Dentro del análisis sobre la viabilidad de un sistema político compuesto (Estados Federales o nuestro sistema de Comunidades Autónomas), el profesor Andrew Glencross cita cuatro reglas de juego en las que nuestros dirigentes y nosotros, ciudadanos, tenemos que estar de acuerdo:

          Competencias institucionales, ¿cuáles son los respectivos poderes en la toma de decisiones de los brazos legislativo, judicial y ejecutivo de la unión?

          Expectativas sobre la unión, ¿cuál es la naturaleza de la unión y el proyecto que une a sus miembros?

          Competencia sobre las competencias, ¿dónde reside el poder de determinar dónde reside la competencia sobre las competencias?

          Representación, ¿cuál es la relación entre la representación de los individuos como ciudadanos de la unión y la representación de los individuos como ciudadanos de una unidad territorial?

Todos ellos son factores endógenos que se centran en la relación de las partes de un sistema compuesto entre las mismas y no la visión internacional de ellas, es decir, compromisos entre nosotros, los ciudadanos del Estado. Somos testigos de cómo el desarrollo del Estado de las Autonomías, por parte de alguna de las unidades que componen el sistema compuesto español, está poniendo en duda estas reglas del juego.

No están dispuestos a aceptar las resoluciones que provienen de los poderes de la unión, tanto del legislativo, como del judicial o del legislativo; No parecen creer en la unión de la que forman parte;  Ni de las razones por las que son miembros de la misma; No aceptan que el último regulador sobre las competencias reside en un órgano central creado en la Constitución de 1978, el Tribunal Constitucional.

Y esta situación ha llevado a que aparezcan nuevos participantes de la arena política centrados casi principalmente en un cambio legislativo que de lugar a una nueva ley electoral que modifique la representación de los ciudadanos de la unión en su órgano legislativo, buscando que las expectativas de secesión se diluyan en el Parlamento.

Y las preguntas que nos deberíamos quizás plantear:

¿Realmente España necesita un debate sobre un cambio de sistema político de un Estado de las Autonomías a un Estado Federal?

¿No debería ser previo un debate con las partes que ponen en duda el marco político creado por la Constitución  sobre las reglas del juego citadas más arriba?

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